Medias verdades de la concertación
Planificación Urbana es uno de los sectores en el que se produce la mayor transferencia de riqueza desde lo público a lo privado. Ahora se propone la llamada "concertación público-privada" que permitiría resolver entre los funcionarios y los inversores qué se concede y qué se recibe.
Rosa Harari, Adriana Menéndez y Claudia Gusella
Arquitectas. Integrantes de la Subsecretaría de Planificación e Integración Urbana, Período 2005-2007
El área de Planificación Urbana es uno de los sectores del municipio en el que se produce la mayor transferencia de riqueza desde lo público a lo privado. Esto se evidencia al valorizar a precio de mercado cada metro de edificación que por vía de excepción se concede a un inversor. Las cifras se revelan sorprendentemente altas.
Por ello, no extraña el apoyo mediático que los interesados hacen a toda medida dirigida a promover la modificación de la normativa urbana en beneficio propio, en muchos casos sin justificación ni rédito comprobable para la ciudad.
A tal fin, se instala en la opinión pública un conjunto de medias verdades con el objeto de disfrazar la magnitud de la concesión que el Estado les brinda, presentando diversos argumentos como realidades incuestionables. En resumen, se sostiene que por carecer el municipio de los recursos necesarios para afrontar sus necesidades, debe buscarlos en los privados a cambio de concesiones menores y poco significativas. De este modo, el municipio podría recibir gran cantidad de recursos que le permitirían ejecutar megaobras de infraestructura que de otro modo no podría realizar. Y se propone, como método novedoso a tal fin, la llamada “concertación público-privada” que permitiría resolver cara a cara entre los funcionarios y los inversores qué se concede y qué se recibe.
Parece mentira que la argumentación no ruborice a sus expositores. Seguramente confían en la mala memoria de los cordobeses, o creen haber inventado el método y no temen que aquellos que lo utilizaron hasta el hartazgo –en particular en la década del ’90– les cobren derechos de autor. Vale pues señalar el resultado de la experiencia que su aplicación dejó, y que este nuevo revival lamentablemente parece encaminarse a repetir. A menos que la sociedad reaccione ante el despojo inminente.
Los riesgos. El marco de concertación propuesto conlleva algunos riesgos:
1. Instala la visión de que la legalidad es intercambiable por fondos independientemente de las implicancias actuales y futuras de las modificaciones normativas, minimizando o no teniendo en cuenta el impacto ambiental y urbanístico de lo concedido.
2. No evalúa correcta y objetivamente el beneficio a obtener por los inversores, como tampoco tiene en cuenta la valorización de sectores aledaños que quizá pertenezcan a grupos económicos afines.
3. Se sobrestima la inversión a realizar, ya que en la mayoría de los casos una buena parte de la misma, que se presenta como un aporte genuino, era un prerrequisito normativo para la aprobación de los proyectos.
4. Se valida el abandono del Estado de sus responsabilidades de inversión, lo que luego justificará los pedidos de auxilio a los privados.
Es una obviedad que la práctica de la planificación urbana requiere la progresiva adecuación de las normas, acompañando la evolución de la ciudad y la modificación del modo de vida de sus habitantes. Por lo tanto, la recalificación del suelo es habitual e inherente a la dinámica urbana, en función de las transformaciones necesarias en el modo de ocupar el territorio. Por lo tanto, el Estado municipal tiene que estar técnica y políticamente preparado para responder a estos desafíos, respaldado en el mandato que la ciudadanía le confirió y no caer, amparado en la excusa de la insuficiencia de fondos, en la concesión arbitraria y sin reglas claras sobre lo que se concede y recibe.
Negocio y desarrollo urbano. Se impone distinguir entre el negocio de la construcción y el desarrollo urbano, que no son equivalentes, por más que se maquillen de lo mismo. Y esto dicho no como un ataque a la actividad empresaria, sino como un sinceramiento de la cuestión de fondo.
En particular con respecto al tratamiento en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad de un convenio urbanístico entre el Ejecutivo Municipal y la empresa Edisur, es necesario puntualizar que se trata de una modificación normativa que implica cambios muy significativos en las ordenanzas vigentes en términos de uso del suelo, ya que se habilita a la urbanización una zona que hoy reviste categoría de Reserva Verde.
El área afectada, aguas arriba del curso de La Cañada, es uno de los tres grandes espacios abiertos que estructuran el sistema de verdes de la ciudad. Forma parte de la Reserva Parque del Sur, la cual incluye el Parque de la Vida.
De ser aprobada la propuesta, la ciudad perdería definitivamente la posibilidad de extender el mismo y resignaría la capacidad de implementar una adecuada política ambiental en cuanto a la relación de superficie de verde por habitante.
Estas reservas de verde, que fueron producto de una estrategia de planificación de la ciudad en la década del ’70, serían hoy borradas por el interés inmobiliario desprovisto de una perspectiva de desarrollo urbano integral.
De sueños a pesadillas. Se requieren instrumentos, en definitiva, cuya característica sea la universalidad del tratamiento y la uniformidad en el procedimiento y cálculo de la valorización por cambios en la normativa urbana. No se trata de una impresión de mucho o poco, sino de guardar una proporción razonable con los reales beneficios obtenidos por decisiones o acciones del Estado.
En ese sentido, la Ordenanza 11.272/07 cuyo decreto reglamentario, quizá no casualmente, está aún pendiente de aprobación, permitiría concertar en forma clara y transparente. De otro modo la capacidad de los grandes inversores de imponer decisiones puede transformar los sueños de algunos en la pesadilla de la mayoría, que deberá padecer una ciudad desarticulada, ambientalmente degradada, con cloacas colapsadas y servicios saturados, es decir, allanarse a los mostradores y a las penurias de la ciudad real que todos sufrimos, pero intentamos transformar.
Jueves 16 de octubre de 2008
© La Voz del Interior
Fuerte apoyo a la concertación de Giacomino
El acuerdo con Edisur salió por 23 votos a 6, con dos ausencias: Olga Riutort y Ramón Mestre.
Con una clara mayoría de 23 votos a favor sobre 31 posibles, el Concejo Deliberante de Córdoba convalidó ayer la primera experiencia de concertación público-privada que propone la Municipalidad de Córdoba en la gestión de Daniel Giacomino, en este caso referida la urbanización de terrenos en la zona sudoeste de la ciudad por parte de la empresa Edisur. Se registraron seis votos en contra y dos ausencias.
Esa firma podrá lotear un predio que antes tenía autorización para countries, a cambio de realizar varias obras por más de 11 millones de pesos en contraprestación para la ciudad.
El proyecto más discutido por el propio oficialismo
El acuerdo urbanístico entre la empresa Edisur y la Municipalidad de Córdoba que ayer ratificó el Concejo Deliberante fue firmado el 11 de julio pasado. El expediente en cuestión tuvo tres meses de muy intenso transcurrir: mucho antes de que la edila Olga Riutort denunciara desde México un supuesto acto de corrupción en su lejana Córdoba, ese convenio generó infinitas discusiones entre el Ejecutivo y los ediles, entre los diferentes bloques y, sobre todo, en el interior de la inestable bancada del Frente Cívico y Social.
Toda esa polémica se refleja en el expediente, que evidencia un nivel de discusión inédito en el Concejo y que ayer, antes de su aprobación, sumó su quinta adenda. Fueron sucesivos acuerdos con Edisur que se incorporaron a instancias de los distintos bloques opositores, y también de un amplio sector del oficialismo que condicionó su voto a la exigencia de mayor inversión empresaria.
En el transcurso de esas discusiones, la empresa aceptó construir dos dispensarios que no figuraban en el plan inicial de inversiones viales, y después aceptó que esos centros de salud sean de 220 metros cuadrados, y estén completamente equipados. Ese condicionante llevó a 11,6 millones de pesos la inversión que debe concretar Edisur.
La supuesta irregularidad denunciada por Riutort es objeto de una de esas adendas, que fue acordada el viernes pasado y firmada ayer. Establece que las tierras donde se autorizan los loteos son exclusivamente las comprendidas por los tres emprendimientos de Edisur objeto de la concertación, y que en los terrenos colindantes las excepciones quedarán supeditadas a futuras inversiones en el proyecto vial conocido como "ronda urbana", con tramos ya estipulados por 3,5 millones de pesos. Ese cambio se introdujo a instancias del bloque radical, tal como informara el sábado este diario.
Marco regulatorio. La concertación público-privada es una herramienta polémica por naturaleza. Se trata de acuerdos entre el Ejecutivo y los desarrollistas para generar ganancias extraordinarias por la vía de la excepción de las ordenanzas que establecen qué y cuánto se puede construir. La base de la operatoria es que las empresas dejen una parte de esa ganancia en obras o aportes al municipio.
El Ejecutivo había presentado –antes enviar el acuerdo con Edisur– un proyecto de marco regulatorio. Lo retiró por la demora que el propio bloque mayoritario imponía a su tratamiento.
El cambio de opinión del bloque oficialista respecto a la concertación fue notorio en estos tres meses. La prueba más elocuente es que ahora se dispone a fijar las normas generales de la operatoria a través de un proyecto de Marta Juárez, que apunta a limitar la discrecionalidad y fijar el destino de los recursos que se obtengan por esta vía.
Esa propuesta establece cómo se deben calcular las ganancias extraordinarias y cómo se deben dividir entre la empresa y el municipio. Además, prevé que los fondos que obtenga el municipio se destinen en un 50 por ciento a obras públicas, en un 20 por ciento a Educación, en un 20 por ciento a Salud y en un 10 por ciento a programas sociales.
© La Voz del Interior
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