La "concertación Edisur-Giacomino" /3

Como si ya no tuviéramos problemas

Por Arquímedes Federico
Hablando Claro (Radio Nacional Cba.) 25-10-2008

La “concertación público-privada” sigue dando que hablar: opiniones variadas, apurones para una marco regulatorio y llamativos silencios.

Opiniones variadas, en general negativas, tomaron estado público aunque en algún caso olvidaron que con este mamarracho de instrumento para el desarrollo urbano tuvieron bastante que ver. Opiniones que llegaron tarde o que fueron publicadas de ex profesos a posteriori de la aprobación por parte del Concejo Deliberante del acuerdo Municipalidad-Edisur.

Apurones del Ejecutivo Municipal, en otra muestra de incoherencia, para tratar en comisiones un marco regulatorio para este tipo de acuerdo. Apuro que levanta más sospechas sobre tanta “preocupación” en sacar la cuestionada Ordenanza que claramente favorece los negocios de Edisur; que tampoco se entiende si tenemos en cuenta que se sigue anunciando y postergando la presentación del Plan Director que no termina de parir y que el próximo 20 de diciembre cumplirá dos años de un largo embarazo.

Llamativos silencios de las autoridades de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros o de las 3 Facultades de Arquitectura con que cuenta nuestra ciudad. Silencios que sólo se pueden entender desde la complicidad, desde su propia ineptitud o desde la falta de compromiso con el medio, razón de ser de las mismas.

Silencio del jefe del bloque radical Ramón Mestre (h), ausente en el momento de la aprobación del acuerdo Municipio-Edisur.

Mientras esto sucede, el Intendente Giacomino se encamina a un peligroso derrotero no deseado. Razones para pensar así hay varias y de peso:

No termina de saber cómo armar su equipo de colaboradores.

En poco menos de un año se reiteran cambios de nombres y organigramas funcionales que reflejan por un lado la ausencia de ideas y propuestas y por el otro de cuadros idóneos.

Parafraseando, “no hay equipo”.

Giacomino ha hablado de una baja en la recaudación pero la realidad es que cuenta con un presupuesto sobredimensionado en sus recursos.

Al mes de agosto (ya han pasado prácticamente dos meses) los 3 rubros más importantes de recaudación municipal: contribución sobre los inmuebles, sobre las actividades de comercio e industria e impuesto a los automotores arrojaban un atraso sobre lo presupuestado de 71 M$. Producto, no de la baja en la recaudación sino de un presupuesto dibujado y mal, que lo único que posibilitó fue seguir autorizando aumentos de sueldos que hoy inmovilizan obras y servicios que la ciudad necesita.

Presupuesto que quienes irresponsablemente lo confeccionaron y aprobaron no tuvieron en cuenta, además, algo que ya desde el año pasado se sabía: que estábamos en las puertas de una crisis económica-financiera, no sólo a nivel país, sino preanunciada por las noticias que llegaban desde EEUU y países que algún tiempo atrás se les envidiaba el nivel de desarrollo como España.

Si estas razones no hacen presagiar un desenlace complicado al Intendente, a los desencuentros con Juez le suma continuas contradicciones con sus propios funcionarios o marchas y contramarchas en decisiones que se ponen en práctica.

Para esto último la reciente historia del servicio diferencial de transporte es una clara muestra de improvisación y desconocimiento del tema.

Para las contradicciones con sus funcionarios, lo sucedido esta semana con el anuncio de la Directora de Transporte y Tránsito Laura Villalba que prohibiría el ingreso de vehículos particulares al microcentro y la inmediata desmentida de Giacomino, es un claro ejemplo.

Que no sólo evidencia lo apuntado sino que con sus declaraciones públicas pone al descubierto algo más grave: la falta de conocimientos que evidencian sobre los conflictos urbanos que se están volviendo, en casos como el del tránsito, en situaciones fuera de control.

Pretender corregir los problemas de tránsito en el centro colocando cámaras de video para castigar a los infractores es de una ingenuidad que se puede calificar de peligrosa, si es así cómo se van a ir enfrentado los conflictos que padecemos los cordobeses.

Antes de cerrar la columna, me detengo en este punto pues las expresiones vertidas en estas idas y vueltas desconocen los problemas de fondo del área central de la ciudad y que no son de estos momentos sino de un continuo histórico al cual se le prestó, en distintos gobiernos municipales, muy poca atención.

Si a la trama estrecha de calles y veredas que caracteriza el período fundacional de la conquista española le sumamos, ya en el siglo pasado, un período caracterizado por ahuecar las manzanas del centro con galerías pobladas de pequeños e insalubres locales comerciales, otro período marcado por una loca carrera de peatonalizar todo calle que se preciara de tal y estos últimos tiempos con la presencia de un desproporcionado shopping, el desmesurado crecimiento poblacional de Nueva Córdoba y la total libertad para instalar en cualquier pedazo de tierra una cochera por horas, pretender resolver el problema con esas inocentes cámaras de video la densidad de actividades que hoy define nuestro centro explica, en términos generales, todo lo antes expuesto.

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La "concertación Edisur-Giacomino" /2

El Arq. Arquímedes Federico nos sorprende semana a semana con sus justicieras columnas sobre la problemática urbana, en el programa radial del reconocido periodista Ricardo Fonseca ("Hablando Claro", los Sábados a las 8 hs. por Radio Nacional Cba. AM 790). Junto a otros columnistas de la talla de Eduardo Aliverti, Enrique Lacolla o Sebastian Bertuccelli entre otros, Federico realiza un seguimiento de los problemas politicos urbanos y los difunde como ninguna casa de estudios o publicacion especializada lo hace. No obstante, el propio arquitecto aclara que "no es un especialista" en estas cuestiones, sino un arquitecto que, antes que nada, es un ciudadano precupado por lo que le ocurre a su ciudad y su población.

Nada Novedoso











Por Arq. Arquimedes Federico

En el gobierno de Ramón Mestre se dictaron una serie de ordenanzas que incorporan conceptos novedosos como “áreas especiales”, “áreas de reserva”, “la parcela atípica” o criterios de discusión entre el actor público y el privado en terrenos de amplias dimensiones con el objeto de lograr una mejor aplicación de las referidas normas.

Con Martí, en esto de incorporar aspectos novedosos, se impone la declaración jurada del propietario o el profesional para obtener el final de obra. No hacía falta que el municipio verificara la correspondencia entre planos aprobados y la obra concluida.

Todos estos novedosos avances en la construcción de la ciudad, sonaron en su momento como decisiones acertadas en la medida que significaban incuestionables desde la óptica de las conductas responsables.

Desgraciadamente no fue así.

Se generaron tantas “fisuras” que en una inesperada y escandalosa connivencia entre los actores públicos y privados resultaron ser razones, casi te diría de culto, para justificar cualquier desaguisado u oculto negocio inmobiliario hasta el día de hoy.

La extraña habilidad desarrollada por funcionarios y empleados municipales para interpretar esas normas demuele aquel concepto de las dos bibliotecas de la Justicia. Acá hay tantas bibliotecas como negocios sobre la mesa.

Larga sería la lista de personajes y obras que a simple vista de cualquier ciudadano terminaron de conformar la actual imagen de nuestra Córdoba.

Con Kammerath se profundiza ya no los aspectos novedosos sino la búsqueda de nuevas “fisuras” pero desde una práctica legal.

A la Dirección de Control de Obras Privadas le saca la palabra Control y elimina el Derecho de Edificación o lo que es lo mismo que vaciar de recursos dicha dirección. También se “simplifican” las presentaciones para que los ansiosos desarrollares no pierdan tiempo y dinero en esto de hacer trámites o someterse al control municipal.

Juez enarbola la Consulta Pública, como un avance del proceso de democratización en la ciudad, para dirimir todo aquello que resultara confrontativo. Pero la presión resultaba más fuerte y no puede torcer la tendencia. Termina subiéndose en ella y en una trasnochada y sesiones extraordinarias mediante, tira por la borda un exitoso trámite seguido en la discusión de la famosa ordenanza que permitiría la construcción de monoblocks en barrios residenciales y bastardea el instrumento. Con esa agachada política le firmó su certificado de defunción en la credibilidad pública.

Hoy la Consulta Pública no convoca a nadie.

Y llegamos a Giacomino. Lo novedoso resulta “la concertación público-privada”.

Presentada como ejemplo a seguir con dudosas apreciaciones por la ausencia de fundamentos y material de consulta necesario para ilustrar a los “ilustrados” que en última instancia debían resolver sobre el tema; la concertación pretendidamente significaba ponernos a la altura de las grandes ciudades de acá y de allá.

Frente a las denuncias de corrupción de Olga Riutort las dos espadas más importantes que hay detrás de este acuerdo, tuvieron que salir a defenderlo poniendo al descubierto las “fisuras” del novedoso instrumento.

Giacomino y Parga asumieron personalmente el protagonismo acentuando de esta forma el manto de sospecha instalado en los comentarios de la calle.

Cuando se ponía más caliente la mediatización de la denuncia hizo su aparición Juez defendiendo el acuerdo. Aparición que en esta misma columna había adelantado algunos sábados atrás.

Casi al mismo tiempo que largara su equipo en las sombras y con el veredicto de los concejales ya consumado, sus propios técnicos en planeamiento durante su paso por el municipio, en una opinión hecha pública exponen las “medias verdades” de la concertación que descalifican sorpresivamente a Juez y al propio Giacomino y ponen al descubierto que “algo” está pasando dentro del Frente Cívico.

La aprobación del primer acuerdo público-privado por ahora sólo logró una aprobación con muy pocas precisiones. En la medida que este trámite sigue aportando datos, se irán viendo si esas medias verdades pasan a ser verdades.

De ser así, la ciudad en la mente de nuestros actuales funcionarios no tiene nada de novedosa y repite el proceso con que inicié la columna: se remiten a unas cuantas intervenciones que sólo sustentan aquello que por los años 90 se le terminó identificando como “la ciudad de los negocios”, y que por estos tiempos y por estos pagos, goza de buena salud.

Columna programa Hablando Claro, sábado 18 de octubre de 2008

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Planificación, una palabra, muchos usos

Por Arq. Arquimedes Federico

La desgraciada muerte de una joven trabajadora, arrollada por un camión en la avenida Luchesse, ha sido motivo para volver a hablar “del alto precio de no planificar”
Parecería que muchos de los problemas que nos aquejan, planificando desaparecerían.
Quizás, desde la mirada del ciudadano común, sea así.
Pero desde la mirada de nuestros funcionarios o de los mismos formadores de opinión, resulta igualmente cierto?
Desde 1983, en la ciudad de Córdoba hemos tenido solamente 4 intendentes que han cumplido su mandato.
Con Mestre se dictaron la mayoría de las normas urbanas que con sucesivas modificaciones hoy perduran en su aplicación. Pero fundamentalmente en su intendencia se fijaron algunos criterios muy particulares como el concepto de “áreas especiales” o la posibilidad de “negociar” la aplicación de las normas en terrenos que por su tamaño pueden consensuarse determinadas condiciones. Criterios que permitieron muchas fisuras que posibilitaron la corrupción urbanística.
Aunque no compartí en su momento la forma de ciudad que esas ordenanzas proponen, con el tiempo dejó evidenciado que solamente un cuerpo normativo no alcanza para atender los conflictos urbanos.
Nueva Córdoba es el mejor ejemplo.
Un querido amigo, con una capacidad de síntesis fantástica, dijo: “construyeron tantos edificios, metieron tanta gente y se olvidaron que las veredas siguen midiendo 2 metros cincuenta de ancho”.
Con Martí, la primera influencia vino de la Mano de Miguel Angel Roca y su limitada propuesta de descentralización municipal con los CPC. El participación todavía sigue siendo un deseo, no aparece y sigue asustando a los políticos. A la fecha, la descentralización sigue siendo una tibia reforma administrativa.
La segunda influencia vino de la mano de un actor repetido: Marianacci. Arrancó con Martí y repitió con Juez. Con uno el PEC, con el otro el PECba. En ambas instancias con la palabra mágica: planeamiento estratégico.
Se gastó plata y tiempo. Resultados: ninguno. Sólo engordó el currículo de su mentor y sus seguidores que fuera de Córdoba se “vende” muy bien.
No me olvido de Kammerath. Pasa que su gobierno dejó poco o nada en esto de “planificar”.
Hoy está dando sus primeros pasos Giacomino, que también habla de planificar.
Pero antes aclaremos qué significa planificar.
En una definición casi de diccionario diría que la planificación supone la proyección de metas, basada en métodos apropiados que alejan el concepto de la actuación intuitiva o experimental. Que la planificación es permanente, debiendo estar en constante diálogo con la realidad.
En una definición un poco más elaborada, en buena medida la planificación urbana es una actividad negociadora y mediadora del complejo sistema de relaciones que se establecen entre la administración y la comunidad, que opera en un medio social, económico y político variable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, uno de sus objetivos debería ser señalar lineamientos de acción que sean entendidos y sentidos como los más idóneos por las propias comunidades.
Por supuesto que estas definiciones no alcanzan cuando entramos en el terreno de las ciencias que estudian los problemas de las ciudades. El impacto ambiental, el ataque desde los conflictos, quienes sólo entienden la planificación congelando la ciudad desde la normativa, son posturas que enfrentan posiciones y políticas.
La cultura del Plan implica una previsión física integral del continuo urbano, en el que cada caso viene a concretar, completar y consolidar un hecho previsto. La cultura de la evaluación, en cambio, implica un proceso fenomenológico de conformación de la ciudad, en la que cada parte va formando y condicionando la continuidad.
Pero veamos qué está pasando hoy para generar alguna esperanza.
El subte presupone una concreción para dentro de 10 años con una traza que no sabemos qué estudio avala ni que ciudad tendremos. El ferrourbano, idem. La concertación público-privada sólo un negocio inmobiliario. Al sistema de ómnibus se le agregan unidades, por un lado creyendo que con cantidad se soluciona y por otro se larga el diferencial sin acompañamiento de medidas complementarias como disminuir el estacionamiento vehicular en el centro. Se apoya en un Plan Director que a un costo de 600.000 pesos sólo puede ofrecerle algún par de ideas más o menos interesantes como ensanchar una vereda de la avenida Hipólito Irigoyen. A la saturación vehicular de algunas arterias la imaginación sólo da para proponer su ensanche.
No pido que Giacomino, por si mismo planifique. Solo pido que los que lo asesoran sepan algo de esto y si no saben que los cambie.

Columna programa Hablando Claro, sábado 27 de septiembre de 2008
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La "concertación edisur-giacomino"

Medias verdades de la concertación

Planificación Urbana es uno de los sectores en el que se produce la mayor transferencia de riqueza desde lo público a lo privado. Ahora se propone la llamada "concertación público-privada" que permitiría resolver entre los funcionarios y los inversores qué se concede y qué se recibe.

Rosa Harari, Adriana Menéndez y Claudia Gusella
Arquitectas. Integrantes de la Subsecretaría de Planificación e Integración Urbana, Período 2005-2007

El área de Planificación Urbana es uno de los sectores del municipio en el que se produce la mayor transferencia de riqueza desde lo público a lo privado. Esto se evidencia al valorizar a precio de mercado cada metro de edificación que por vía de excepción se concede a un inversor. Las cifras se revelan sorprendentemente altas.

Por ello, no extraña el apoyo mediático que los interesados hacen a toda medida dirigida a promover la modificación de la normativa urbana en beneficio propio, en muchos casos sin justificación ni rédito comprobable para la ciudad.

A tal fin, se instala en la opinión pública un conjunto de medias verdades con el objeto de disfrazar la magnitud de la concesión que el Estado les brinda, presentando diversos argumentos como realidades incuestionables. En resumen, se sostiene que por carecer el municipio de los recursos necesarios para afrontar sus necesidades, debe buscarlos en los privados a cambio de concesiones menores y poco significativas. De este modo, el municipio podría recibir gran cantidad de recursos que le permitirían ejecutar megaobras de infraestructura que de otro modo no podría realizar. Y se propone, como método novedoso a tal fin, la llamada “concertación público-privada” que permitiría resolver cara a cara entre los funcionarios y los inversores qué se concede y qué se recibe.

Parece mentira que la argumentación no ruborice a sus expositores. Seguramente confían en la mala memoria de los cordobeses, o creen haber inventado el método y no temen que aquellos que lo utilizaron hasta el hartazgo –en particular en la década del ’90– les cobren derechos de autor. Vale pues señalar el resultado de la experiencia que su aplicación dejó, y que este nuevo revival lamentablemente parece encaminarse a repetir. A menos que la sociedad reaccione ante el despojo inminente.

Los riesgos. El marco de concertación propuesto conlleva algunos riesgos:

1. Instala la visión de que la legalidad es intercambiable por fondos independientemente de las implicancias actuales y futuras de las modificaciones normativas, minimizando o no teniendo en cuenta el impacto ambiental y urbanístico de lo concedido.

2. No evalúa correcta y objetivamente el beneficio a obtener por los inversores, como tampoco tiene en cuenta la valorización de sectores aledaños que quizá pertenezcan a grupos económicos afines.

3. Se sobrestima la inversión a realizar, ya que en la mayoría de los casos una buena parte de la misma, que se presenta como un aporte genuino, era un prerrequisito normativo para la aprobación de los proyectos.

4. Se valida el abandono del Estado de sus responsabilidades de inversión, lo que luego justificará los pedidos de auxilio a los privados.

Es una obviedad que la práctica de la planificación urbana requiere la progresiva adecuación de las normas, acompañando la evolución de la ciudad y la modificación del modo de vida de sus habitantes. Por lo tanto, la recalificación del suelo es habitual e inherente a la dinámica urbana, en función de las transformaciones necesarias en el modo de ocupar el territorio. Por lo tanto, el Estado municipal tiene que estar técnica y políticamente preparado para responder a estos desafíos, respaldado en el mandato que la ciudadanía le confirió y no caer, amparado en la excusa de la insuficiencia de fondos, en la concesión arbitraria y sin reglas claras sobre lo que se concede y recibe.

Negocio y desarrollo urbano. Se impone distinguir entre el negocio de la construcción y el desarrollo urbano, que no son equivalentes, por más que se maquillen de lo mismo. Y esto dicho no como un ataque a la actividad empresaria, sino como un sinceramiento de la cuestión de fondo.

En particular con respecto al tratamiento en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad de un convenio urbanístico entre el Ejecutivo Municipal y la empresa Edisur, es necesario puntualizar que se trata de una modificación normativa que implica cambios muy significativos en las ordenanzas vigentes en términos de uso del suelo, ya que se habilita a la urbanización una zona que hoy reviste categoría de Reserva Verde.

El área afectada, aguas arriba del curso de La Cañada, es uno de los tres grandes espacios abiertos que estructuran el sistema de verdes de la ciudad. Forma parte de la Reserva Parque del Sur, la cual incluye el Parque de la Vida.

De ser aprobada la propuesta, la ciudad perdería definitivamente la posibilidad de extender el mismo y resignaría la capacidad de implementar una adecuada política ambiental en cuanto a la relación de superficie de verde por habitante.

Estas reservas de verde, que fueron producto de una estrategia de planificación de la ciudad en la década del ’70, serían hoy borradas por el interés inmobiliario desprovisto de una perspectiva de desarrollo urbano integral.

De sueños a pesadillas. Se requieren instrumentos, en definitiva, cuya característica sea la universalidad del tratamiento y la uniformidad en el procedimiento y cálculo de la valorización por cambios en la normativa urbana. No se trata de una impresión de mucho o poco, sino de guardar una proporción razonable con los reales beneficios obtenidos por decisiones o acciones del Estado.

En ese sentido, la Ordenanza 11.272/07 cuyo decreto reglamentario, quizá no casualmente, está aún pendiente de aprobación, permitiría concertar en forma clara y transparente. De otro modo la capacidad de los grandes inversores de imponer decisiones puede transformar los sueños de algunos en la pesadilla de la mayoría, que deberá padecer una ciudad desarticulada, ambientalmente degradada, con cloacas colapsadas y servicios saturados, es decir, allanarse a los mostradores y a las penurias de la ciudad real que todos sufrimos, pero intentamos transformar.

Jueves 16 de octubre de 2008
© La Voz del Interior

Fuerte apoyo a la concertación de Giacomino
El acuerdo con Edisur salió por 23 votos a 6, con dos ausencias: Olga Riutort y Ramón Mestre.

Rubén Curto

Con una clara mayoría de 23 votos a favor sobre 31 posibles, el Concejo Deliberante de Córdoba convalidó ayer la primera experiencia de concertación público-privada que propone la Municipalidad de Córdoba en la gestión de Daniel Giacomino, en este caso referida la urbanización de terrenos en la zona sudoeste de la ciudad por parte de la empresa Edisur. Se registraron seis votos en contra y dos ausencias.

Esa firma podrá lotear un predio que antes tenía autorización para countries, a cambio de realizar varias obras por más de 11 millones de pesos en contraprestación para la ciudad.

El proyecto más discutido por el propio oficialismo

El acuerdo urbanístico entre la empresa Edisur y la Municipalidad de Córdoba que ayer ratificó el Concejo Deliberante fue firmado el 11 de julio pasado. El expediente en cuestión tuvo tres meses de muy intenso transcurrir: mucho antes de que la edila Olga Riutort denunciara desde México un supuesto acto de corrupción en su lejana Córdoba, ese convenio generó infinitas discusiones entre el Ejecutivo y los ediles, entre los diferentes bloques y, sobre todo, en el interior de la inestable bancada del Frente Cívico y Social.

Toda esa polémica se refleja en el expediente, que evidencia un nivel de discusión inédito en el Concejo y que ayer, antes de su aprobación, sumó su quinta adenda. Fueron sucesivos acuerdos con Edisur que se incorporaron a instancias de los distintos bloques opositores, y también de un amplio sector del oficialismo que condicionó su voto a la exigencia de mayor inversión empresaria.

En el transcurso de esas discusiones, la empresa aceptó construir dos dispensarios que no figuraban en el plan inicial de inversiones viales, y después aceptó que esos centros de salud sean de 220 metros cuadrados, y estén completamente equipados. Ese condicionante llevó a 11,6 millones de pesos la inversión que debe concretar Edisur.

La supuesta irregularidad denunciada por Riutort es objeto de una de esas adendas, que fue acordada el viernes pasado y firmada ayer. Establece que las tierras donde se autorizan los loteos son exclusivamente las comprendidas por los tres emprendimientos de Edisur objeto de la concertación, y que en los terrenos colindantes las excepciones quedarán supeditadas a futuras inversiones en el proyecto vial conocido como "ronda urbana", con tramos ya estipulados por 3,5 millones de pesos. Ese cambio se introdujo a instancias del bloque radical, tal como informara el sábado este diario.

Marco regulatorio. La concertación público-privada es una herramienta polémica por naturaleza. Se trata de acuerdos entre el Ejecutivo y los desarrollistas para generar ganancias extraordinarias por la vía de la excepción de las ordenanzas que establecen qué y cuánto se puede construir. La base de la operatoria es que las empresas dejen una parte de esa ganancia en obras o aportes al municipio.

El Ejecutivo había presentado –antes enviar el acuerdo con Edisur– un proyecto de marco regulatorio. Lo retiró por la demora que el propio bloque mayoritario imponía a su tratamiento.

El cambio de opinión del bloque oficialista respecto a la concertación fue notorio en estos tres meses. La prueba más elocuente es que ahora se dispone a fijar las normas generales de la operatoria a través de un proyecto de Marta Juárez, que apunta a limitar la discrecionalidad y fijar el destino de los recursos que se obtengan por esta vía.

Esa propuesta establece cómo se deben calcular las ganancias extraordinarias y cómo se deben dividir entre la empresa y el municipio. Además, prevé que los fondos que obtenga el municipio se destinen en un 50 por ciento a obras públicas, en un 20 por ciento a Educación, en un 20 por ciento a Salud y en un 10 por ciento a programas sociales.

© La Voz del Interior